CASO CARRASCO

El Caso Carrasco fue un proceso judicial llevado a cabo para esclarecer la muerte de Omar Carrasco, por entonces soldado conscripto de una unidad militar de Argentina.
El hecho en sí y los conflictos generados por el mismo tuvieron repercusión a nivel socio-político en la Argentina y es considerado uno de los motivos por los cuales se derogó la ley Nº 3948 que establecía el servicio militar obligatorio.
Tras salir sorteado para realizar el servicio militar obligatorio, Carrasco se incorpora el 3 de marzo de 1994 al Grupo de Artillería 161 del Ejército Argentino, en la localidad de Zapala.
Tres días después de su incorporación es reportado como desaparecido, y considerado desertor. Poco después sus padres lo van a visitar en su primer franco interno y se les comunica del hecho.
Sus padres desconfiaron de la versión oficial pues conocían el carácter de Omar, quien sería relativamente sumiso: jamás haría eso. Ninguna instancia militar les dio respuestas. El diario regional Río Negro publicó que los padres lo buscaban con desesperación. La justicia Federal de Zapala demoraba imprudentemente la investigación. La opinión pública comenzó a movilizarse y ejercer presión. Un mes después fue encontrado el cuerpo sin vida de Omar, en el fondo del cuartel.
La Justicia Federal no investigó y con ello permitió que el Ejército se adueñara de su investigación. En esa investigación clandestina, fueron señalados sin puebas los responsables de la compañía de Omar a la fecha de su desaparición y la justicia federal la asumió como propia. Un año y medio después de que terminara ese controvertido y sospechado proceso los condenaron en un juicio oral que profundizó el ya creciente escepticismo entre la opinión pública, pues en él se ventilaron numerosas irregularidades en la obtención de los indicios que se usaron para llegar a las condenas, pues allí tampoco se encontraron pruebas. Las condenas a un subteniente a 15 años de prisión y dos soldados a 10 años calmaron el clamor popular que exigía juicio y castigo a los culpables, pero dejaron un sabor amargo porque no se pudieron corroborar efectivamente las acusaciones.
En las investigaciones que se siguieron por los encubrimientos del crimen, se descubrieron innumerables pruebas que chocaban con las sentencias que condenaron a los tres acusados. Pero en vez de profundizar las pesquisas se dejó caer el caso en el olvido, hasta su prescripción. Con ello se perdió la oportunidad de ratificar o rectificar las condenas y se profundizó la sensación de injusticia. En febrero de 2009, el último de los acusados terminó de cumplir su condena, y hasta el día de hoy los tres siguen insistiendo en su inocencia.
El objeto de la suspicacia general fue que, aunque era evidente que Carrasco había sido golpeado, el hecho de que su agonía y muerte haya sucedido en un hospital militar, más el de haber estado oculto un mes en las instalaciones castrenses, señalaba claramente una intervención de personal de mayor jerarquía que la de los acusados, mientras que los tres condenados eran de la menor jerarquía existente, los conscriptos Cristian Suárez y Víctor Salazar y el subteniente Ignacio Canevaro. En 2001 el tribunal oral de la provincia de Neuquén consideró inicialmente que no había prescripto la causa que se siguió por los encubrimientos del caso, denominada "Carrasco II", señalando a los cuadros superiores del cuartel, mas luego se retractó. En 2007 La Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto su sentencia.
Una semana después de la aparición del cadáver, en los círculos políticos ya se hablaba de la derogación del Servicio Militar Obligatorio y tiempo después fue suspendido, mediante un decreto firmado por el entonces Presidente de la Nación Argentina, Carlos Saúl Menem el 31 de agosto de 1994 y la implementación de un sistema de voluntariado rentado.

Fuente: Wikipedia